Caos en tránsito vs. caos en legislación
EDITORIAL DEL COMERCIO La ciudadanía se pregunta entre preocupada e indignada: ¿Cómo es posible que, ante un asunto tan grave como el caos en el transporte, el Congreso y el Ejecutivo no puedan ponerse de acuerdo para dar la legislación adecuada? ¿No se dan cuenta de la magnitud del problema, que además de muertos y heridos, genera cuantiosas pérdidas de horas-hombre, desorden y contaminación del ambiente? Efectivamente, la ley que crea la superintendencia del transporte terrestre (Sutran), aprobada por el Congreso, se ha convertido en una manzana de la discordia que pone en evidencia los celos y rivalidades de dos poderes públicos, antes que la preocupación por resolver asuntos tan graves que finalmente nos afectan a todos los ciudadanos. Lo más llamativo, en cuanto a diferencias, es que mientras el Congreso aprobó un sistema de puntos que acumularán los choferes que cometan faltas, el MTC prevé que los brevetes incluyan puntos que se irán perdiendo. En ambos casos, sin embargo, no se prevé la creación de un registro de infractores, lo que hace ineficaz cualquier norma sobre la materia. Luego, la llamada superintendencia tiene autonomía e injerencia en el ámbito nacional, pero no en decisiones locales, lo que crea una especie de compartimentos estancos que obviamente serán aprovechados por los infractores. Algunos señalan que lo que se ha hecho es respetar la autonomía de los gobiernos regionales y locales, pero lo que se debió hacer es coordinar previamente con ellos para homogeneizar una norma que aborde frontalmente el problema. Asimismo, se indica que la nueva superintendencia impondrá papeletas en carreteras y realizará cobranzas coactivas, pero no se precisa en qué usará el dinero recaudado, ni la manera en que coordinará con la Policía Nacional, encargada de vigilar las vías nacionales y de imponer papeletas. Por lo mismo, no es verdad lo señalado por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo, en el sentido de que la nueva institución será "fuerte, autónoma, con recursos propios y capacidad" para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas y mercancías. Lo cierto es que la Sutran no tendrá injerencia con respecto a las decisiones que tomen los gobiernos locales y regionales en materia de transporte, por lo que está obligada a promover convenios y acuerdos con los concejos. Una tarea que sí corresponderá a la superintendencia es el control y fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios en la red vial, así como la supervisión de los centros de salud que realizan los exámenes para obtener el brevete, escuelas de conductores y establecimientos autorizados para hacer revisiones técnicas. En suma, el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para promulgar la nueva ley debe usarse para analizar los pros y contras de una norma tan importante para acabar con el caos del tránsito. Y, si de modo negligente no hubo la debida coordinación entre poderes, eso debe repararse a través de la mejora de la ley y de la elaboración exhaustiva de su reglamento, que es el instrumento técnico para aplicarla debidamente y devolver orden y coherencia al transporte y el tránsito. |
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