Un Tren Llamado Deseo: Y Ahora, ¿Qué Hacemos?

De Caretas

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El alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, con la especialista Jean Dekin, responsable del mantenimiento de las vías.

Habían perdido el tren, literalmente. La frustración estaba pintada en los rostros. El miércoles 28, la subasta para elegir al consorcio que construya los 11.7 kilómetros faltantes del Tren Eléctrico de Lima, entre Atocongo y la Av Grau, y administre en concesión la vía por 33 años, fracasó por décimocuarta vez. Ahora, el Estado parece resuelto a ejecutar la obra con dinero del Tesoro Público.

La conversión del tren eléctrico en obra estatal cae como anillo al dedo al plan anticrisis del gobierno, que busca estimular la actividad económica y el empleo a través de inversión pública. En una espectacular vuelta de tuerca, la monumental obra, cuya primera piedra la colocó el propio Alan García, 22 años atrás, durante su primer mandato, ahora está a la espera de la rúbrica presidencial para culminar la obra.

El martes último, el ministro de Economía, Luis Carranza, reveló ante el Congreso la intención gubernamental de "ejecutar como obra pública la infraestructura y parte electromecánica, y entregar en concesión la administración, en una segunda etapa".

Las cifras en juego son tan redondas y rotundas como las propias ruedas del ferrocarril: al menos, US$ 300 millones de dólares.

La subasta fue declarada desierta por el director ejecutivo de Proinversión, Luis Carlos Rodríguez, tras largas horas en la que se intentó convencer a uno de los seis postores precalificados de dar su brazo a torcer. Al final del día, Palacio de Gobierno dijo "no va más".

Dos días más tarde, el presidente García acompañó al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en un accidentado recorrido por el Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC) de la Vía Expresa, en el que el Mercedes Benz presidencial quedó atollado en el camino. Evidentemente intercambiaron opiniones sobre qué hacer con el tren eléctrico.

Para Gonzalo Prialé, de AFIN, "el proyecto tiene un diseño desactualizado y habría que volver a concursarlo pronto, sincerando la demanda, costos, subsidio y tarifa".

Sin embargo, el presidente García debe haber recordado la recomendación que le brindó, en diciembre del 2007, el ex presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico 2003-2006, y actual alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe.

"La concesión tal como está planteada no va a salir, presidente. Lo mecerán. El Estado debe ejecutar el proyecto como obra pública", le dijo. "El Presidente escuchó con mucha atención, pero lamentablemente estaba acompañado por la ministra de Transportes, Verónica Zavala, quien no creía en el tren. Concluida la reunión con el Presidente, la ministra me preguntó: '¿No será un carrusel de lujo el que vamos a construir?'", recuerda Sánchez Aizcorbe.

No cabe duda que el gobierno empeñó la mejor voluntad en el éxito de la subasta: ofreció un cofinanciamiento de US$ 220 millones y una "garantía de demanda" de hasta US$ 87 millones, a favor del concesionario, para el caso de que la demanda no alcanzase los 260,000 pasajeros diarios. En suma, US$ 307 millones para una obra valorizada en US$ 357 millones. Aún así, y tras múltiples postergaciones previas, no se presentó a la subasta ni un alma.

Rodríguez declaró desierta la subasta, y fue su último acto público: al cierre de la presente edición se supo que Cayetana Aljovín, ex viceministra de Comunicaciones, lo reemplazará en Proinversión; y, a su vez, dejó con los crespos hechos a Carlos Montoya, de la empresa consultora Latin Pacific, y al estudio Echecopar, cuyos honorarios de éxito frisaban los US$ 3 millones.

"El consorcio privado tenía que conseguir un financiamiento de US$ 140 millones; en cambio, la ventaja de hacerlo como obra pública es que se reducen significativamente los costos financieros, pues es a fondo perdido", sostiene Sánchez Aizcorbe. Sobre las vías del tren, una pregunta ácida: ¿Existe algún sistema de transporte masivo en el mundo rentable? Los metros de Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, México D.F. o Nueva York están todos subsidiados. En busca de la respuesta, el tren eléctrico de Lima lleva 14 años paralizado.

Desde una perspectiva urbana de largo plazo, el panorama es aún más complejo. Para Jean Dekin, especialista francesa de la Unión Internacional de Transporte Público, es necesaria una inversión del 0.9% del PBI de la ciudad por 20 años para solucionar el transporte. "En el caso de Lima estamos hablando de US$ 200 millones anuales o US$ 4,000 millones en las próximas dos décadas", calculó. "Pero tiene que intervenir el gobierno central porque la municipalidad no tiene medios".

Nada muy distinto a los S/. 200 millones que el gobierno entregó a las municipalidades para pavimentar las calles de Lima el año pasado a propósito de la Cumbre APEC. Ahora, el alcalde victoriano Sánchez Aizcorbe cruza los dedos para que en los próximos tres años el tren por fin se detenga en el penúltimo paradero del Tren Eléctrico: la Estación Gamarra.



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