"Legalizando" invasiones
Editorial de Expreso
Lamentamos que el Ejecutivo no haya respetado el normal discurrir del derecho pues a fortiori ha procedido a limpiar la cara de los terrenos ocupados ilícitamente. Quiere decir que a todo aquel que invadió propiedad ajena hasta el año 2004, se le reconoce desde ahora como nuevos dueños, en perjuicio de los legítimos propietarios de esas tierras. Esta es una pésima señal que, mañana o más tarde, alentará sin duda otras invasiones, cuyos artífices buscarán igualmente a algunos políticos demagogos y electoreros para que –pasado determinado tiempo– les apoyen en sus pretensiones confiscatorias, y mejor aún si se trata de un gobierno presto a "formalizar" las invasiones a cambio de clientelaje electoral, como se ha repetido en las últimas décadas sin contemplar el cumplimiento de mandatos emanados de la Constitución, el Congreso y el gobierno central, como arma para enfrentar a los traficantes de terrenos. Una vez más se promueve la promulgación de malas leyes, ejerciendo la vieja costumbre nacional de retroceder ante el orden establecido. Hablamos pues de un acto leguleyezco que perpetuará la posesión (como propietarios) de quienes infringieron el estado de derecho que tiene como norma pétrea el respeto de la propiedad. Inclusive creemos que no se puede alterar de un plumazo procesos judiciales en curso, ni tampoco se debe imponer fórmulas contrarias a la Constitución dizque para facilitar la titulación de asentamientos humanos o la instalación de servicios básicos en zonas pobres del país. Hay otras vías por donde se podrían cumplir esos objetivos, pues resulta incoherente desconocer el derecho que tienen los legítimos propietarios a disponer de lo que es suyo –peor aún si no están de acuerdo con el precio propuesto por el Estado, lo que los obligará a recurrir al Poder Judicial con el costo y pérdida de tiempo correspondiente– tan sólo para facilitarle la vida a los invasores. Si hace poco la nación mostró su indignación por una invasión que duró muchos años en el Santuario Histórico Bosque de Pómac –donde fueron asesinados dos policías– e inclusive cuando en ese lugar la autoridad regional y el Ministerio del Interior tuvieron que usar todos los recursos disponibles para desalojar a los ilegales, entonces ¿cómo puede ser posible que ahora se premie a quienes mediante la fuerza tomaron posesión de propiedades que no les pertenecen? La ley debe cumplirse para todos, por más que se trate de un espacio intangible como Pómac o la propiedad común y corriente del ciudadano que se ha visto privado de ella por la prepotencia del ajeno que ha cometido abuso en su contra. El Estado no debe avalar, mediante leyes populistas y antojadizas, procedimientos de formalización de terrenos que han sido ocupados ilegalmente. |
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