Juega para las tribunas y no mete goles: El Presidente García y las Municipalidades
Con el fondo que se da a los anuncios presidenciales de importancia para el país, el Presidente García anunció el Decreto Supremo Nro.025-2007 que establece los ingresos que deben percibir los Alcaldes y Regidores, después de haber dado dos malas señales sobre la importancia que le da a los temas municipales y al proceso de descentralización, al eliminar el CND y no haber regulado nada en temas de tributación municipal a pesar de tener las facultades para ello.
Esta era la oportunidad para jugar bien ante las tribunas, reglamentar la Ley 28212 dada por el Congreso en abril del 2004 cuyo objetivo era iniciar un ordenamiento de las remuneraciones en el aparato estatal, incluyendo es obvio las municipalidades, que siguen siendo un caos y una señal de injusticia para miles de familias sobretodo las de trabajadores que se encuentran como prestadores de servicios o como contratados a tiempo determinado con renovaciones permanentes e ingresos magros. Muchos de estos trabajadores tienen hasta más de diez años en dicha situación sin derecho laboral alguno ni un seguro que los acoja. Son miles de familias que sí merecían un discurso a la nación por haber permanecido de manera heroica en ésta injusta situación sin salir a las calles.
Por ello se juega sin meter goles, que signifiquen tocar los temas sustantivos que requiere el país. La ley 28212 establece un error de definición que pudo haberse subsanado y radicaba en establecer los niveles de remuneración para Presidentes Regionales y Alcaldes en función únicamente a la población electoral. Lo que marca la diferencia no es la población sino el monto de recursos que se quiere administrar, porque de ello dependerá el nivel técnico del capital humano requerido. Sólo basta recordar las palabras del Presidente del BCR, Julio Velarde al decir que sería sumamente grave que ésta institución fuera afectada por topes salariales…gente que maneja 17 mil millones de dólares en reservas debe ser altamente competitiva. La lógica era obviamente que en función de los montos administrados debieran establecerse los niveles técnicos requeridos y éstos a su vez implicaría una mayor remuneración.
Con toda razón el alcalde de San Isidro, distrito que genera la mayor cantidad de recursos propios dice que el mencionado decreto fomentará la mediocridad y es que no sólo afecta a los alcaldes, lo cual puede merecer el “ole” de las tribunas, sino sobretodo que los funcionarios que trabajan en ella deberán regular sus niveles remunerativos en función del nuevo tope establecido para los alcaldes.
Si el shock de inversiones es un fracaso no es por el SNIP, sino por no existir proyectos viables y oportunos y esto pasa por tener los niveles de capital humano requeridos que tienen que posibilitar el desarrollo del país. Así empezaron las instituciones más eficientes del Estado, el BCR, SUNAT, MEF entre ellas. Las municipalidades no pueden seguir siendo furgón de cola ni tema para llevarlo tan livianamente. El problema generado no es sólo con los alcaldes sino en realidad con la totalidad del aparato administrativo de las municipalidades, mientras que los contratados seguirán siendo invitados de piedra de una jugada magistral pero que muy a la peruana no mete goles.
Esta era la oportunidad para jugar bien ante las tribunas, reglamentar la Ley 28212 dada por el Congreso en abril del 2004 cuyo objetivo era iniciar un ordenamiento de las remuneraciones en el aparato estatal, incluyendo es obvio las municipalidades, que siguen siendo un caos y una señal de injusticia para miles de familias sobretodo las de trabajadores que se encuentran como prestadores de servicios o como contratados a tiempo determinado con renovaciones permanentes e ingresos magros. Muchos de estos trabajadores tienen hasta más de diez años en dicha situación sin derecho laboral alguno ni un seguro que los acoja. Son miles de familias que sí merecían un discurso a la nación por haber permanecido de manera heroica en ésta injusta situación sin salir a las calles.
Por ello se juega sin meter goles, que signifiquen tocar los temas sustantivos que requiere el país. La ley 28212 establece un error de definición que pudo haberse subsanado y radicaba en establecer los niveles de remuneración para Presidentes Regionales y Alcaldes en función únicamente a la población electoral. Lo que marca la diferencia no es la población sino el monto de recursos que se quiere administrar, porque de ello dependerá el nivel técnico del capital humano requerido. Sólo basta recordar las palabras del Presidente del BCR, Julio Velarde al decir que sería sumamente grave que ésta institución fuera afectada por topes salariales…gente que maneja 17 mil millones de dólares en reservas debe ser altamente competitiva. La lógica era obviamente que en función de los montos administrados debieran establecerse los niveles técnicos requeridos y éstos a su vez implicaría una mayor remuneración.
Con toda razón el alcalde de San Isidro, distrito que genera la mayor cantidad de recursos propios dice que el mencionado decreto fomentará la mediocridad y es que no sólo afecta a los alcaldes, lo cual puede merecer el “ole” de las tribunas, sino sobretodo que los funcionarios que trabajan en ella deberán regular sus niveles remunerativos en función del nuevo tope establecido para los alcaldes.
Si el shock de inversiones es un fracaso no es por el SNIP, sino por no existir proyectos viables y oportunos y esto pasa por tener los niveles de capital humano requeridos que tienen que posibilitar el desarrollo del país. Así empezaron las instituciones más eficientes del Estado, el BCR, SUNAT, MEF entre ellas. Las municipalidades no pueden seguir siendo furgón de cola ni tema para llevarlo tan livianamente. El problema generado no es sólo con los alcaldes sino en realidad con la totalidad del aparato administrativo de las municipalidades, mientras que los contratados seguirán siendo invitados de piedra de una jugada magistral pero que muy a la peruana no mete goles.
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